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CARTA DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS

La calidad en la gestión pública constituye una cultura transformadora que impulsa a la Administración Pública a su mejora permanente para satisfacer cabalmente las necesidades y expectativas de la ciudadanía con justicia, equidad, objetividad y eficacia.

En ese sentido, los ciudadanos en su relaciones con la Administración Pública tiene como Derecho principalmente a:

1.- Recibir un trato igualitario y respetuoso, sin preferencia o discriminación de ningún tipo, exceptuando las personas con discapacidad y en la situación de vulnerabilidad, a quienes se otorgará atención prioritaria en la realización de trámites y la prestación de servicios.

2.- Recibir información transparente y suficiente sobre el estado y la actividad de los asuntos pendientes que haya tramitado ante las áreas de la Administración Pública del Distrito Federal.

3.- Ser requerido para comparecer solo cuando así este previsto en la norma, previa cita informando objeto, lugar, fecha, hora de la misma y los efectos, de no atenderla.

4.- Obtener respuesta completa a sus solicitud dentro del plazo establecido por los ordenamientos legales y, en su caso, ser informado previamente respecto a la procedencia de la afirmativa ficta.

5.- Ser informado y canalizado a la autoridad competente, cuando decida interponer alguna queja y/o denuncia en contra de servidores públicos.

6.-Conocer la identidad de las autoridades bajo cuya responsabilidad se encuentre algún trámite, servicio o procedimiento.

7.- Recibir en los plazos legales las pruebas y los alegatos que sean considerados para la resolución.

8.-Ser oído, en el trámite administrativo previamente a la emisión de la resolución, así como le sean resueltas sus dudas y ser atendido en los términos de las leyes u ordenamientos respectivos.

9.- Ser indemnizado por los daños y perjuicios, de la conformidad con la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal .

10.- Expresar libremente las ideas de manera escrita, oral u otras formas, con la salvedad de los casos en que estas expresiones ataquen a la moral, a los derechos terceros, perturben el orden público o constituyan la comisión de algún delito.

11.- Que sea respetada su persona, familia, domicilio, papeles o posesión bajo el principio de legalidad; en caso de la existencia de un mandamiento, hacerlo de conocimiento por escrito debidamente fundado y motivado.

12.- Tener conocimiento de que se efectuará una visita domiciliaria ordenada por la autoridad competente cuando ésta requiera cerciorarse y verificar que se haya cumplido la norma.

13.- Actuar por sí mismo, por medio de representante o apoderado legal.

14.- Autorizar a personas para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos.

15.- Señalar representante común, cuando haya varios interesado.

16.- Ser prevenidos por escrito, para subsanar la falta de requisitos o documentos de conformidad con lo que establezca la normatividad.

17.- No atender requerimientos de documentos o información no prevista en una norma o que se encuentre en el expediente del procedimiento que se esté tramitando.

18.-Ser orientado, recibir información y atención adecuada cuando presente un escrito ante una autoridad distinta.

19.- Que le sean recibidos los escritos que presente en las unidades de recepción y que se haga constar sin constar sin son originales.

20.- Tener procedimientos acordes a la Ley.

21.- Que se le informe en cualquier momento la tramitación de un escrito o de asuntos que tenga interés jurídico y a solicitar copia de ellos.

22.- Disfrutar y gozar por igual de los derechos humanos y las garantías individuales que otorga la Constitución y los Tratados Internacionales suscritos por el Estado mexicano, atendiendo a los principios de no discriminación por origen étnico o nacionalidad, género, edad, capacidades diferentes, condición social, de salud, religión, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra.

23.- Recibir Información Pública

24.- La Protección de sus Datos Personales.

Con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Convenios y Tratados Internacionales suscritos por el Estado mexicano en la materia, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la Ley de Procedimientos Administrativo del Distrito Federal y demás derechos establecidos en los ordenamientos jurídicos vigentes.